Durante la gestión de Javier Milei, el Estado destinó $215.000 millones para financiar retiros voluntarios y prejubilaciones en empresas públicas, como parte de un plan de reducción del personal estatal. Según datos del informe del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y de consultas a las empresas involucradas, hasta el momento 6.280 empleados han aceptado estos programas. El objetivo del gobierno es avanzar hacia la privatización o concesión de estas compañías.
Según un informe de Infobae.com, el Correo Argentino lidera la lista de retiros con 2.986 empleados, lo que le costará al Estado $99.880 millones, y su plantilla se ha reducido un 18,8% desde enero de 2024.
AySA, que opera en la provisión de agua y obras de red en el Área Metropolitana de Buenos Aires, reporta 1.300 retiros voluntarios, con un costo de $39.000 millones. La empresa ha cumplido su objetivo inicial de reducción de personal y ha iniciado un plan de reconversión laboral. Aerolíneas Argentinas, por su parte, realizó retiros en dos etapas, en marzo y julio, con un total de 1.076 empleados retirados y un costo de $58.732 millones. Aunque la empresa quedó excluida de la Ley Bases, el debate sobre su privatización sigue en curso.
La agencia estatal de noticias Télam también ha experimentado un proceso de reducción de personal, con 346 retiros que costaron al Estado $7.587 millones. La empresa fue transformada en la Agencia de Publicidad del Estado Sociedad Anónima Unipersonal, destinada a manejar la pauta publicitaria oficial, y se espera la creación de una nueva agencia de noticias más pequeña. Otras empresas públicas, como Radio y Televisión Argentina y la Fábrica Argentina de Aviones (FADEA), también han reducido su plantilla mediante retiros voluntarios, aunque en menor medida.
El plan de retiros voluntarios no ha afectado solo a grandes empresas, sino también a otras más pequeñas, como Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que reportó 63 retiros con un costo de $3.844 millones. La empresa Intercargo, dedicada a la asistencia en tierra en los aeropuertos, también ha registrado 51 retiros, con un costo de $941 millones, mientras que Corredores Viales, encargada de la concesión de rutas y autopistas, reportó 39 retiros voluntarios y 11 prejubilaciones, lo que implicará un costo total de $1.086 millones.
El plan de retiros voluntarios sigue vigente en algunas empresas hasta finales de 2024, como Tandanor, donde 11 empleados ya se han acogido al programa. En general, este proceso forma parte de una estrategia más amplia del gobierno para reducir el gasto público y modernizar las empresas estatales, aunque ha generado preocupaciones sobre su impacto en servicios esenciales como el electoral, logístico y de comunicación.